El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la tutela que interpusó contra la Contraloría General de la República la representante legal de Funtierra Rehabilitación IPS S.A.S., solicitando la protección de sus derechos al debido proceso, de contradicción,  buen nombre y honra, frente a la auditoría de las presuntas irregularidades detectadas en recobros de salud pagados por la Gobernación de Córdoba, por 10 mil millones de pesos, en el caso de las terapias para "niños especiales".

Así lo indicó el ente de control en un comunicado divulgado en el que precisa que "con ponencia del magistrado Henry Aldemar Barreto Mogollón, la Sección Tercera Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la acción de tutela, al considerar que no se violó el debido proceso al accionante dado que no existió contra Funtierra Rehabilitación IPS S.A.S., una auditoría o proceso fiscal en su contra o llamada a declarar".

El Tribunal concedió la razón a la CGR en el argumento de que, tal como establece la Guía de Auditoría, este organismo de control no estaba en la obligación de comunicar los hallazgos a la IPS Funtierra Rehabilitación, en atención a que la misma fue realizada a la entidad sujeto de control: la Gobernación del Departamento de Córdoba, donde se verificó la inversión y ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones –SGP

Y agrega que “las afirmaciones contenidas en artículos periodísticos no son pruebas idóneas ni convincentes de las lesiones constitucionales que se alegan por la accionante y si bien los medios de comunicación, a través de los mismos desarrollan su actividad y mencionan el nombre de éste como presunto determinador de desfalco fiscal frente a servicios médicos pagados en su totalidad con recursos del Sistema General de Participaciones correspondientes al departamento de Córdoba, lo hacen en ejercicio del derecho de libertad de prensa…”.

En una auditoría adelantada por la CGR encontró que la Gobernación de Córdoba pagó más de $10 mil millones de pesos por terapias que tenían un componente por fuera del POS , “basadas en neurodesarrollo”, que no se cancelaron individualmente, como corresponde, sino por paquetes (de mínimo 50 y hasta 100 tratamientos), donde al cumplir 50 se hacía el total de pagos, con lo cual se habrían cancelado también tratamientos que no se realizaron.